La audiencia de hábeas corpus en favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue suspendida este jueves 2 de abril de 2026 en la Unidad Judicial Penal del cantón La Libertad, Santa Elena. El juez alegó inasistencia de la defensa, que denunció una obstaculización al proceso y su participación telemática. Los abogados defensores habían solicitado el recurso tras denunciar riesgo de muerte de Glas en el centro de máxima seguridad donde se encuentra recluido.

Sin embargo, la reinstalación de la diligencia, fijada para las 14:00 horas, quedó suspendida. El juzgado argumentó la ausencia del abogado patrocinador de Glas como el motivo principal. Sin embargo, la abogada internacional del exvicepresidente, Sonia Vera, contradijo esta versión, asegurando que el defensor sí estuvo presente de forma telemática.

A través de su cuenta en X, Vera afirmó que el juez desconoció la conexión telemática del abogado de Glas, procedió a suspender la audiencia, impuso una multa y negó la intervención de la defensa. «Hoy se impidió la defensa en el hábeas corpus a favor de Jorge Glas. El abogado del proponente estaba conectado. El juez afirmó que no estaba presente. Suspendió la audiencia, impuso multa y negó la intervención», expresó Vera.

El recurso constitucional fue presentado por el abogado Rómulo Fernando Cáceres Cortez. Su objetivo es que el Estado, a través del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y el Ministerio de Salud Pública, garantice condiciones adecuadas para Glas durante su reclusión en la Cárcel del Encuentro. Las solicitudes incluyen alimentación suficiente y acceso a atención médica especializada física y mental.

La defensa de Glas planteó la necesidad de incorporar tratamientos de rehabilitación para la espondilitis anquilosante que padece el exvicepresidente. Además, se requiere atención específica para dolores en el hombro derecho, cuello y manguito rotador, una dolencia que, según la defensa, surgió en enero de 2026.

La abogada Sona Vera también denunció, en un video previo a la audiencia, las condiciones de desnutrición de su defendido, la pérdida de nueve kilos en tres meses, la ingesta permanente de fármacos y el deterioro de sus capacidades cognoscitivas. «Lo estoy viendo morir» denunció la jurista, y agregó: «No estamos pidiendo un privilegio ni impunidad, pedimos que no lo dejen morir de hambre».

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Durante la jornada, se esperaba que el juez a cargo analice informes remitidos por distintas instituciones estatales, incluido el servicio penitenciario, sobre el estado de salud del exfuncionario, las condiciones de su encierro y la atención que recibe dentro del sistema carcelario. El recurso legal presentado no cuestionaba las sentencias judiciales, sino las condiciones en las que se ejecuta la privación de libertad.

Glas ya había presentado un hábeas corpus en diciembre de 2025 en el que denunció presuntos malos tratos y afectaciones a su salud, pero el recurso fue negado. El exvicepresidente permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, desde el 10 de noviembre, tras ser trasladado desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Su defensa informó que cumplió las condenas impuestas en los casos Odebrecht y Sobornos el 2 de octubre de 2025, sin embargo, continúa detenido por el proceso denominado Reconstrucción de Manabí, cuya sentencia escrita de primera instancia fue notificada seis meses después, situación que según sus abogados vulneró garantías del debido proceso.

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El exgobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o «lawfare» en Ecuador, estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024. Ese día, policías ingresaron sin autorización en la legación diplomática y lo aprehendieron pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Vera enfatizó que la situación de Glas se enmarca en una prolongada persecución política caracterizada por el uso arbitrario del sistema penal. Según la jurista, es el único ciudadano ecuatoriano que cuenta con 10 pronunciamientos de organismos internacionales a su favor, que coinciden en señalar la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.

El caso mantiene atención nacional e internacional por las implicaciones en materia de derechos humanos y garantías procesales. La defensa señaló que continuará solicitando medidas que salvaguarden la integridad del exvicepresidente mientras se resuelven los procesos judiciales en curso.

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